Por: Alejandro Arias - alejandroarias@dialnet.net.co

Razón le asistió al Presidente Santos cuando afirmó que se trata de ´idiotas útiles´ que lo único que logran es ´hacerle el juego al terrorismo´ al referirse de aquellas personas que quieren magnificar la acción de los delincuentes y los terroristas, muchas veces para hacer política con los temas de la seguridad conforme lo registró el periódico El Tiempo esta semana. (ver)

Y no obstante que, conforme a esa misma publicación, el Presidente exhibió cifras alentadoras en materia de Seguridad en el marco nacional; no es menos cierto que las cosas en el Magdalena y en Santa Marta están graves. Sólo en las últimas 72 horas, en el Magdalena, se registró el primer secuestro extorsivo y en Santa Marta, en menos de 38 horas, asesinaron a 6 personas y 2 más quedaron heridas, a pesar de las medidas restrictivas de circulación de motos y porte de armas en la ciudad.

Más dramático aún es tener la certeza que ni en el Magdalena ni en Santa Marta hay un solo párrafo escrito direccionado a la construcción de políticas de seguridad ciudadana y prevención del crimen. No hay una sola iniciativa de componente social encaminado a la prevención de la delincuencia. Y en cambio sí hay una mezquina disposición tendiente a querer cargar con toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas olvidándose, los líderes territoriales, que en sus condiciones de mandatarios son los verdaderos responsables de este asunto.

No en vano el Presidente Santos hizo el llamado a Alcaldes y Gobernadores para que le den al tema de la seguridad la prioridad del caso y les recordó que el tema de la seguridad es una prioridad del Gobierno Nacional pero también es una responsabilidad de las autoridades locales y regionales. Fue precisamente el Presidente Santos el autor del documento rector de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática en sus épocas de Ministro de la Defensa del ex presidente Uribe. (Ver adjunto documento)

Para la segunda fase de la recuperación de la soberanía de nuestro país se tenía claro, de acuerdo a este documento, que el haber alcanzado el control de la inmensa mayoría del territorio nacional no era suficiente. Sino que ahora le correspondía al Estado consolidar dicho control para lo cual no bastaba la presencia de la Fuerza Pública sino que se hacía vital la llegada del Estado en todas sus expresiones, a través de sus diversas entidades y agencias.

Con la introducción de la Doctrina de Acción Integral se proponía, entonces, que la Fuerza Pública trabajara estrechamente con el entonces Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), y en ausencia de éste con las autoridades locales, y las agencias del Estado que se encuentren en la zona, coordinando labores de carácter social que satisfagan las necesidades más urgentes de la población. Pero en este componente los únicos ausentes han sido los entes territoriales quienes a fuerza de corrupción, ignorancia y desdén han querido cambiar sus responsabilidades en los temas sociales por la represión.

Y me preguntarán ¿qué tiene que ver el fuero militar ahí? Mucho, en la medida que ante semejante panorama de irresponsabilidad de los mandatarios territoriales la Fuerza Pública se ha visto avocada a pasar de acciones preventivas a represivas sin contar con un verdadero componente de seguridad jurídica y judicial. Y aunque se quiera negar por parte del mando, sí hay temor en la tropa de terminar judicializados por cumplir con el deber.

Para el caso puedo citar dos ejemplos. El primero lo registra la Revista Semana en uno de sus confidenciales. Por hechos ocurridos hace 26 años vinculados con acciones delincuenciales del entonces M-19 hoy están detenidos un grupo de policiales que en su oportunidad cumplieron con el deber (ver)

El segundo se relaciona con la visita que hiciera el Presidente Santos a la tropa con ocasión de la caída del narcoterrorista Cano. El presidente, al saludar al soldado profesional que dio de baja a Cano, le preguntó que qué podía hacer por él, que qué le pedía. Y el soldado le rogó que por favor le garantizara que después de cumplir con la misión no terminara, por cuenta de ella, envainado con la justicia.

Los Magdalenenses y los samarios estamos noqueados por el crimen y la inseguridad por cuenta de la ausencia de políticas ciertas en materia de seguridad ciudadana y nuestra Fuerza Pública porque a falta de lineamientos políticos de carácter social dentro de su componente preventivo del crimen tampoco tienen seguridad jurídica y mucho menos judicial para cumplir tranquilos con su labor.

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