Por: Alejandro Arias - alejandroarias@dialnet.net.co

Las víctimas de la violencia en Colombia no merecen ser víctimas de la indolencia. Esta frase es la triste y lapidaria verdad sobre las circunstancias de indignidad del manejo que se dan a los muertos, víctimas de la violencia del Magdalena y de Santa Marta, y sus familias. El manejo de cadáveres en estado de composición en el Departamento y el Distrito de Santa Marta hoy se hace a campo abierto, con exposición a la población, con total pérdida de la cadena de custodia y, en consecuencia, casi que absoluta inseguridad jurídica de los procedimientos.

En el afán de disfrazar la desidia que los entes territoriales han mostrado frente al compromiso que tienen con las autoridades forenses para el desarrollo de sus tareas en contra de la impunidad se han conocido casos como el de la administración del alcalde Juan Pablo Diazgranados, quien apostó a la entrega de una licencia de construcción a un cementerio sin el lleno de los requisitos de ley y el compromiso de favorecer a este negocio con la pavimentación de 500 metros de vía de acceso al mismo a cambio de una morgue de 55 metros cuadrados que tiene un valor de $ 94 millones.

Sin embargo, desde agosto de 2011 hay 5 cadáveres en las neveras de Medicina Legal que no se han podido inhumar sólo porque la Alcaldía Distrital ha evadido el pago de $ 40 millones a la empresa que por más de 20 años ha cumplido con tal actividad.

En este momento en Medicina Legal, Magdalena y Santa Marta, solo se hacen dictámenes de clínica y patología forense. Solo se cuenta con médico y odontólogo forense. No hay laboratorio de Biología ni toxicología; por ejemplo, no se pueden procesar muestras para alcoholemias o muestras biológicas o químicas. No hay perito grafólogo, ni balístico, ni morfólogo, ni psiquiátrico, ni psicológico.

No hay perito en dactiloscopia, lo que conlleva que en su mayoría CTI y SIJIN colaboren para las identificaciones fehacientes. Por ello todo lo relacionado con éstas áreas debe ser manejado por la sede de Medicina Legal de Barranquilla.

No es un asunto oculto que la violencia ciudadana responde, en gran medida, a la inequidad social y económica y a la impunidad. Esta última que raya en el 90% especialmente en los delitos contra la integridad física y sexual. En Santa Marta hoy no tenemos medios técnicos para adelantar investigación forense de delitos sexuales.

En Santa Marta la administración anterior nos dejó empeñados y con un serio problema de contaminación ambiental por cuenta de un cementerio para cuya licencia se negoció casi que con la vida de los samarios.

No obstante, tanto el departamento como el Distrito tienen una oportunidad de oro para no solo dignificar las difíciles circunstancias de los familiares de las gentes fallecidas, particularmente es estado de descomposición, sino para marcar la ruta del más expedito camino que nos conduzca a la superación de las barreras de la impunidad.

Se ha confirmado que el actual Director General de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés Moreno, planea ofrecer a los dos mandatarios la oportunidad de construir una sede de medicina legal con toda la dotación necesaria y cuyos diseños y planos ya están elaborados.

Con esta sede los investigadores criminales podrían contar con estudios de patología; sala de necropsias para cinco mesas y servicios complementarios; clínica; consultorios y áreas complementarias; laboratorios; área administrativa; oficinas y áreas complementarias; áreas de parqueo y servicios generales que harían de esta difícil tarea por lo menos más humana y menos dura para quienes terminan siendo víctimas del crimen.

Para lograr hacer realidad esta oportunidad basta un solo compromiso por parte de los mandatarios territoriales: entregar un lote de 2.500 metros cuadrados para construir en él la sede de Medicina Legal del Magdalena. Hasta ahora se sabe que el Gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych, dijo asumir el reto. Ojalá se pueda materializar este proyecto pronto porque en el Magdalena la justicia trabaja sin apoyo forense; es decir, cabalgamos sobre la impunidad.