Vías y corrupción

Vías y corrupción

El transporte en Colombia es una de sus mayores debilidades en la ecuación de costo país; sus vías destartaladas, lo oneroso que resulta transitarlas debido a la innumerable cantidad de peajes dispuestos y el precio de los combustibles cargado de impuestos.

Los proyectos de vías 4G promovidos por los últimos gobiernos, no resuelven las necesidades de movilidad, porque resulta interminable su construcción  y los presupuestos desbordan cualquier fórmula razonable dado el monto de las coimas que circulan  para su adjudicación.

Odebrech es el caso más sonado por la cuantía de los sobornos, el nivel al que se repartieron, la extensión que abarco varios países y develado por los organismos de justicia e inteligencia norteamericanas.

En momentos en que la humanidad debate los riesgos que implica no atender la amenaza del cambio climático, resulta inconveniente descartar soluciones ambiental y económicamente más amigables para atender la urgencia de resolver las necesidades  de transportar pasajeros y carga como los trenes de alta velocidad, que de paso pueden obviar el uso de combustibles fósiles, contribuyendo a reducir la tasa de contaminación con CO2.

Al igual que ocurrió recientemente en Bogotá donde el alcalde privilegio el uso de buses movidos por diesel, descartados en Europa por envenenar el aire, el Ministerio de Transporte y el gobierno prefieren promover las vías asfaltadas por concesión para otorgarle un filón de negocio al capital financiero, a pesar de las consideraciones ambientales y los beneficios laborales, pues estudios de instituciones como  la BlueGreen Alliance de Estados Unidos, una organización que reúne a sindicatos y ecologistas,   calculan que la inversión en transporte público o eficiencia energética crean entre 6 y 8 veces más empleo que en sectores convencionales.

La inversión estatal en infraestructura vial  y energética, está fuertemente ligada a los intereses económicos de los dueños del capital financiero nacional y extranjero y para asegurar esos negocios, inconvenientes muchos de ellos para el interés nacional, apelan a métodos criminales, como quedo en evidencia con las grabaciones reveladas luego de la muerte del doctor Jorge Enrique Pizano; que prueban el conocimiento que tenían  Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general y Luis Carlos Sarmiento Angulo,  el socio de la multinacional brasilera, y a pesar de los delitos incursos, optaron por ocultar, incurriendo por lo menos en el delito de la complicidad.

El debate en el congreso el martes 27 de noviembre, precisara aun mas los detalles de esta corruptela que nos avergüenza y que en cualquier nación civilizada terminaría por lo menos con la destitución o renuncia del Fiscal General; eso si los poderes que lo acompañan Uribe, Gaviria, Santos, Samper y Pastrana solo para mencionar a los más encumbrados, tienen un minuto de decencia y permiten que la justicia cumpla su función.

Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com

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